Cronología del contrato leonino de R&T

Cayeye
By Cayeye Febrero 3, 2015 18:42

AÑO 2002
El entonces Alcalde Hugo Gnecco, abrió una lici-tación pública para entregar la gestión de los tributos a una empresa particular por el términos de veinte (20) años. La única compañía que se presentó fue la firma Recaudos y Tributos S.A. Finalmente, se celebró el contrato 092 de 2002 y como remuneración para el contratista, se pactó pagar entre el 8% y el 14% del recaudo bruto de todos los tributos de la ciudad.

AÑO 2003
El ciudadano Alberto Ovalle impetró una acción popular pidiendo nulidad absoluta del contrato 092 de 2002.

AÑO 2010
Sólo hasta este año finalmente fue fallada por el Tribunal Administrativo del Magdalena la acción popular impetrada por el ciudadano Alberto Ovalle, quien ordenó disminuir el porcentaje que cobraba la empresa R&T. En opinión de la Contraloría General de la República, ese contrato era ilegal, porque delegaba la administración de tributos a una empresa contratista particular que estaba prohibida por el ordenamiento jurídico.

AÑO 2012
La Alcaldía Distrital de Santa Marta, un procedimiento administrativo tendiente a disponer la terminación unilateral del referido contrato – amparado en la jurisprudencia uniforme del Consejo de Estado y en las experiencias de ciudades como Barranquilla y Cali, basándose en que se había entregado el ejercicio de la función administrativa tributaria a un particular, en condiciones económicas desfavorables para la entidad territorial.

AÑO 2012
La empresa R&T impetró acción de tutela ante los Juzgados de Santa Marta, que en primer y segunda instancia, fallaron a su favor y ordenaron al Distrito, abstenerse de efectuar cualquier procedimiento administrativo tendiente a terminar en sede administrativa dicho contrato. Como respuesta la Alcaldía, pidió a la Sala Plena de la Corte Constitucional, la nulidad de dicha sentencia, porque consideró que se desconoció la jurisprudencia vigente de la Corte sobre la materia. Adicionalmente, demandó la nulidad absoluta del contrato 092 de 2002, ante el Tribunal Administrativo del Magdalena.

AÑO 2014
La Sala Plena de la Corte Constitucional, mediante el Auto 155 de 2014 anuló la sentencia e mención y aclaró que la Alcaldía no vulneró el debido proceso administrativo a la sociedad R&T, para finalmente concluir que el Distrito de Santa Marta, tiene plena competencia para terminar unilateralmente el contrato 092 de 2002.

La Corte Constitucional, dictó la Sentencia SU-772 de 16 de octubre de 2014, M.P. Jorge Pretelth, en la que revocó los fallos de tutela expedidos por los Juzgados de Santa Marta y declaró la improcedencia de las acciones de tutela interpuestas por la empresa R&T del Grupo Español Inassa. La Corte, reconoció que la Alcaldía tenía plena competencia para dar por terminado el mencionado contrato, sin que ello configurara una vulneración del debido proceso administrativo.

10 DE DICIEMBRE DE 2014
La Alcaldía, fue notificada por el Tribunal Admi-nistrativo del Magdalena, sobre la petición de medida cautelar pedida por la empresa R&T, que busca impedir que el Alcalde Caicedo pueda continuar con la terminación del contrato 092 de 2002.

Así las cosas, el Tribunal Administrativo del Magdalena, accedió a la medida cautelar pedida y ordenó suspender el trámite de terminación del contrato 092 de 2002. Por su parte la empresa R&T, recusó por parcia-lizado al Alcalde de Santa Marta y se está a la espera que el Procurador Regional del Magdalena, defina si separa al alcalde del conocimiento de esta decisión crucial y definitiva para la ciudad.

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